sábado, 31 de marzo de 2007

Los acuerdos comerciales y el discurso político

Dos hechos regresan a los Tratados de Libre Comercio -TLC y su impacto sobre la región andina, a la superficie del debate público. Se trata, por un aparte, de la posición del congreso estadounidense, ahora con orientación demócrata, buscando mayores garantías en las condiciones laborales (incluso el respeto de convenios de la OIT, que EEUU no ha firmado), y ambientales. Y por la otra, de la reciente visita del presidente peruano Alan García a Colombia. Visita en la cual la ratificación del TLC por parte de los respectivos congresos fue un aspecto central.

La discusión sobre el carácter político o netamente económico de este tipo de tratados ha sido amplia. Sin embargo resulta interesante constatar que el tema de TLC, en particular, siempre ha tenido valor político, de forma que, se utiliza a conveniencia, en los diferentes discursos de los gobernantes en la región.

El proceso fue, a grandes rasgos, así: El gobierno Bush, optó por la negociación de múltiples tratados bilaterales frente al fracaso del ALCA. Los sectores republicanos de ese país, apoyaron la iniciativa. En la región andina, Colombia, Ecuador y Perú iniciaron negociaciones. Bolivia participó como observador, pero con la intensión de entrar a negociar más adelante. Venezuela no participó. Si bien las reuniones se dieron de forma simultánea, los países andinos no negociaron como bloque. 2005 y 2006 fueron años electorales en la región, y en ellos la posición hacia el TLC fue un asunto de gran trascendencia. Los candidatos con orientación de izquierda cerraron filas frente al tratado. El triunfo de Morales en Bolivia cortó la intención de ese país de realizar alguna negociación al respecto. Fuertes manifestaciones en Ecuador, sumadas al triunfo de Correa, dejaron el proceso en ciernes para ese país. Chávez tildo la firma del acuerdo como una “puñalada a la CAN” y la utilizó como argumento para retirarse de la comunidad. Por la otra parte, la re-elección de Uribe en Colombia y el triunfo de García en Perú impulsaron la continuación del proceso. Incluso, el triunfo del sector demócrata en EEUU, puso frenos a los TLCs –si bien no se asumió una posición radical frente a los mismos-, mostrando que se trataba de una iniciativa principalmente republicana.

De todo lo anterior, resulta claro que la posición hacia el TLC ha sido, y muy probablemente continuará siendo, un claro símbolo de orientación política. Si se observa con mayor detenimiento, se verá que esto es demostrable tanto para el poder ejecutivo como para el legislativo, o para las agendas de los diferentes partidos.

Curiosamente, no sucede lo mismo con otra figura comercial entre EEUU y la región andina. Me refiero específicamente al ATPDEA. Cuya ampliación goza de favorabilidad tanto en el congreso estadounidense como en los gobiernos de la región andina sin importar su orientación política. Valdría la pena preguntarse, cual es el trasfondo de tal situación, y si un análisis puramente económico permitiría justificar el acuerdo frente a una figura como el ATPDEA y el desacuerdo frente a otra como el TLC.

viernes, 23 de marzo de 2007

Los límites temporales frenan los efectos del personalismo

En la columna anterior me enfoqué en la promulgación de una nueva constitución como estrategia efectiva, seguida por los presidentes andinos de izquierda para ganar gobernabilidad y apoyo de sus respectivos pueblos. Mencionaba, además, que tal estrategia abría la puerta a la introducción de mecanismos que favorecen la concentración del poder por parte del ejecutivo, en mi opinión, en detrimento de una institucionalidad más amplia. En esta ocasión, quisiera centrarme en uno de esos mecanismos en particular: el periodo de mandato. Abordar este aspecto, permite incluir al presidente colombiano Álvaro Uribe dentro del análisis.

Hay tres figuras que permiten prolongar el periodo de un mandatario. La primera es la ampliación del periodo como tal. Hugo Chávez recurrió a esta figura ampliando el periodo de mandato a 7 años. La segunda es la reelección inmediata; esta figura no existía en la anterior constitución venezolana, tampoco existía en la constitución colombiana hasta el acto legislativo 02 del 2004. El hecho que este último acto se elaborara durante el periodo de mando de la misma persona interesada en su reelección, es más que indicativo del carácter y trasfondo personalista de la medida. La tercera figura, más sutil, se encuentra en las elecciones convocadas después del proceso constituyente. Funciona así: una vez sancionada la nueva constitución se convoca a elecciones generales, en ellas no solo se permite la participación del presidente en ejercicio, sino que, además, no se tiene en cuenta el tiempo que tal mandatario ya lleva en el cargo. De esta forma un presidente, si es elegido nuevamente, gana aproximadamente un año más de mandato (que corresponde al periodo en el que se realizó el proceso constituyente). Tal situación se presentó en Venezuela durante 1999, y, en la actualidad hace parte del debate público sobre la constituyente en Bolivia.

Los estudios de caso sobre mandatarios (no necesariamente nacionales) en la región, han demostrado que, en determinados contextos, los personalismos funcionan como motor de cambios políticos favorables. De esta forma, figuras públicas, que operan como líderes carismáticos, han logrado impulsar agendas innovadoras -o que tenían fuertes restricciones por parte de grupos de poder político o económico- que redundan en el bienestar de la ciudadanía en general. Sin embargo, la situación se complica cuando los límites temporales al mandato no son claros, o se modifican constantemente. Que es precisamente lo que sucede con las figuras expuestas más arriba sobre la prolongación del mandato. El razonamiento es el siguiente, los límites temporales permiten que determinadas políticas se independicen de la persona que las impulsa y entren en la agenda institucional –por ejemplo, de la percepción de políticas de X alcalde, se pasa a la percepción de políticas de la alcaldía como institución. El punto clave es reconocer que la continuidad de medidas exitosas es posible sin que sea la misma persona la que las ejecuta; de hecho los cambios de mandatarios permiten complementariedad en los programas de gobierno. Las estrategias para ampliar o incluso eliminar esos límites, son nocivas, puesto que no permiten tal independencia.

martes, 20 de marzo de 2007

Nuevo método de gobernabilidad en la región?

Recientemente presenciamos imágenes de parlamentarios ecuatorianos, literalmente sacados a empujones del parlamento o intentando entrar de la misma manera. Las imágines son indicativas de la situación del país: ciudadanía y clase política chocan dando cuenta de la inestabilidad institucional ecuatoriana.

Devolverse un poco en la trayectoria política del país, permite identificar tendencias interesantes. Durante la última década Ecuador ha contado, formalmente, con más de 10 presidentes; algunos cumplieron su periodo, otros permanecieron en el cargo sólo por meses, incluso horas. Con el pasar del tiempo, tal inestabilidad transitó desde el poder ejecutivo hacia el legislativo. En 2005 el grito de la ciudadanía de “fuera todos”, incluía tanto al entonces presidente Lucio Gutiérrez, como a los parlamentarios ecuatorianos. Hoy en día, se destituyen 57 parlamentarios, y ciertos sectores de la ciudadanía favorecen la decisión a la par que el apoyo al presidente Correa crece.

Sin entrar en detalles, el panorama que deja este episodio favorece al mandatario en un doble sentido: es un golpe contra la coalición de oposición en el Congreso, y un espaldarazo a la convocatoria a Asamblea Constituyente –tal como la propone el Ejecutivo.

Desde mi punto de vista, con lo anterior se va consolidando un paso más en la aplicación de un “nuevo método” de gobierno, ahora muy común en la región. Correa llega al poder con un discurso más o menos nebuloso: en él son claras las críticas al modelo neoliberal, el anti-norteamericanismo y la pro voluntad popular, pero no son claras las medidas o propuestas frente a ello. Más bien se anuncia que “ahora sí, se va a escuchar al pueblo”, y en esa lógica la convocatoria a una Asamblea Constituyente tiene pleno sentido. En el caso concreto, se habla de una Asamblea con plenos poderes, es decir, capaz de sustituir al Congreso electo en 2006, y de ahí, claramente, la negativa de la oposición parlamentaria a apoyar la iniciativa. Correa, de seguro, le apuesta a un triunfo en la elección de constituyentes y, también, en las elecciones generales que se deriven del proceso. Es una forma útil para garantizar gobernabilidad, pues una de las principales críticas que se hicieron a inicios de su mandato, fue el no contar con el suficiente apoyo del legislativo, para sacar adelante sus reformas.

Inaugurar el mandato con la convocatoria a Constituyente, fue el método puesto en práctica por Hugo Chávez en 1999, y luego aplicado por Evo Morales en 2005. Hasta el momento los resultados han sido favorables a los mandatarios. Las nuevas constituciones han inyectado legitimidad a los gobernantes que las impulsan, y a respectivos sus discursos, especialmente porque estos poseen fuertes cargas reivindicativas –es el caso de la llamada revolución bolivariana, y con mayor claridad del reconocimiento de la coca y los pueblos originarios. Sin embargo, al interior de los nuevos marcos normativos aparecen –y si ya existían, se reafirman- herramientas que pueden terminar por favorecer la concentración del poder alrededor del poder ejecutivo; de forma que, el llamado al pueblo termina por no ser gratuito.

jueves, 8 de marzo de 2007

Mejor, las cartas sobre la mesa


Recientemente, uno de los principales canales de la televisión colombiana difundió un video en el que se observa la asistencia del embajador de Venezuela en Colombia a una reunión, realizada el 13 de febrero en la ciudad de Armenia, en la que algunos asistentes gritaros consignas contra el presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. Las imágenes se acompañaron con declaraciones del funcionario venezolano, en las que se pronunciaba sobre uno de los partidos tradicionales de la política colombiana.
La noticia despertó una serie de reacciones airadas en las autoridades colombianas, en ciertos sectores políticos y en la ciudadanía. El presidente venezolano Hugo Chávez, por su parte, criticó la noticia tildándola de “complot“. El editorial del periódico el tiempo, del 8 de marzo, optó por una posición más serena: “una tormenta en un vaso de agua”.
Siguiendo esa última idea, veamos las percepciones detrás de los discursos que este tipo de eventualidades despiertan. ¿Será que los principios de no interferencia o autodeterminación, terminan alimentando el imaginario de la diplomacia como un asunto de cortesía y “buenas maneras”, y no como o que es: un canal de diálogo entre los gobiernos?
Frente a ello, dos argumentos:
Primero, la diplomacia no es el único canal de comunicación entre los Estados, mucho más si comparten fronteras. Los flujos de personas, bienes, ideas, servicios, etc., constituyen canales “vivos” de interacción entre los países. La diplomacia, en tanto canal de comunicación político, trabaja sobre los anteriores flujos; bien sea para modificarlos, promoverlos o crearlos. De cierta forma, la idea de la autodeterminación de los pueblos o no interferencia, no debe prestarse para desconocer esos canales de comunicación que, por una parte, existen, y por la otra, en ciertos escenarios configuran una serie de mutua determinación.
Segundo, para comunicarse no es requisito estar de acuerdo. Cualquier diálogo se puede construir sobre acuerdos o sobre desacuerdos. En esa medida, aclarar las posiciones iniciales- poner las cartas sobre la mesa- como parte de las “reglas” de comunicación, puede ser un punto de partida interesante. La diplomacia son esas reglas de juego, en el nivel de la comunicación política. Cuando se le asume como la estrategia ha utilizar durante el diálogo, se le puede imputar una suerte principio de objetividad (no hablar ni mal ni bien) que corre el riesgo de llevar a la indiferencia. O peor aún, que los incidentes diplomáticos se resuelvan a puerta cerrada. Esto es, por fuera del conocimiento de las ciudadanías (de cada país involucrado) que, como se anotaba previamente, también pueden estar llevando a cabo otra serie de diálogos.
En conclusión, en el caso concreto, para los ciudadanos colombianos y venezolanos es más que evidente que sus gobiernos tienen orientaciones distintas - aún cuando, desde mi punto de vista, recurren a prácticas similares; ver “crisis, personalismo e institucionalidad”. Los respectivos gobiernos no tienen por qué ocultarlo, o molestarse cuando esas posiciones se presentan a la opinión pública. Como señalaba un amigo mío: “del choque de las ideas sólo se produce el sonido de la libertad”.